La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León (UPA CYL) ha instado a la Junta de Castilla y León a reclamar la devolución íntegra de todas las ayudas públicas autonómicas recibidas por Azucarera en los últimos años. Esta exigencia llega tras el reciente cierre de la fábrica de remolacha ubicada en La Bañeza, un movimiento que ha generado gran malestar en el sector agrario regional.
Según la organización agraria, la empresa, filial de la multinacional británica AB Foods, ha mantenido durante años una actitud de “engaño continuo” tanto hacia los cultivadores como hacia las autoridades políticas de la comunidad. Entre las acciones más criticadas por UPA CYL se encuentra la desaparición del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI), que había garantizado durante años una relación estable entre el sector productor y la industria en el ámbito de la remolacha azucarera.
UPA acusa a Azucarera de prometer reiteradamente un compromiso de futuro con el cultivo de la remolacha en la región, mientras en la práctica actuaba en contra de los intereses de los agricultores. Entre las prácticas denunciadas se incluyen bajadas unilaterales de precios, pagos por debajo del coste de producción, arrendamientos de tierras a precios desorbitados y el aprovechamiento de fondos públicos para sostener su actividad.
La organización también recuerda que la compañía, bajo el argumento de mantener la actividad industrial en la región, habría influido en las administraciones para desviar fondos de la Política Agrícola Común (PAC) de otros cultivos hacia la remolacha, en beneficio propio.
Ante este escenario, UPA CYL reclama al Gobierno regional una respuesta firme y ejemplarizante. Pide que se estudie, con el apoyo de los servicios jurídicos de la Junta, la posibilidad de obligar a la empresa británica a devolver todas las ayudas públicas percibidas, que consideran fueron obtenidas en base a compromisos no cumplidos.
La organización insiste en que estos fondos pertenecen a todos los castellanos y leoneses y no deben ser utilizados para sostener estrategias empresariales que acaban perjudicando al tejido agrario local.
