El Comité de Empresa de la Azucarera de La Bañeza ha mantenido esta mañana una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la sede del Ministerio en Madrid. La cita fue solicitada por el comité el pasado 2 de junio y finalmente ha tenido lugar hoy, en un intento por frenar el cierre anunciado de la planta azucarera bañezana.
Durante el encuentro, los representantes sindicales trasladaron al ministro su profunda preocupación por la situación, pidiéndole colaboración institucional para revertir la decisión de Azucarera. Luis Planas mostró su disposición a implicarse y anunció que se pondrá en contacto con la Junta de Castilla y León y con otros ministerios, como el de Empleo e Industria, dado el alcance del problema.
Benigno Pérez, presidente del Comité de Empresa, fue claro: “Hay que intentar hacer un frente común para intentar revertir la decisión que ha tomado Azucarera”. El comité insiste en que no se entiende el cierre de una fábrica “sostenible y eficiente”, subrayando: “No queremos que se cierre ninguna, pero menos la de La Bañeza”.
La planta de La Bañeza es la que mayor superficie de remolacha concentra de toda la compañía, con 6.000 hectáreas. La intención de la empresa es trasladar toda la producción a la planta de Toro, lo que implicaría un sobrecoste logístico de unos 8 millones de euros. “Pensamos que detrás de todo esto se esconde que Azucarera no apuesta por el azúcar de remolacha, porque en Miranda va a empezar a funcionar la refinería, dejando de molturar”, añadieron desde el comité.
El temor es que, en pocos años, el transporte hasta Toro no sea rentable, lo que conllevaría el abandono del cultivo y el fin de la producción de azúcar de remolacha en la zona. “Puede haber un cierre escalonado de fábricas y que queden solo Miranda y Jerez”, advirtieron.
Además de la amenaza al tejido agrícola, preocupa especialmente la posible pérdida de empleo en La Bañeza y su entorno. Como posibles soluciones, Benigno Pérez propuso paralizar el cierre mediante un ERTE, avanzar hacia un modelo de cultivo más sostenible o incluso facilitar la instalación de otra industria en las instalaciones de la azucarera que permita mantener los puestos de trabajo. “También estamos muy preocupados por los agricultores”, subrayó.
“El tiempo juega en nuestra contra. Los días pasan y los plazos se acortan”, advirtió Pérez, recordando que el periodo oficial de negociación expira el próximo 25 de junio.
El Comité de Empresa insiste en que esta fábrica es viable y reclama una respuesta política urgente para defender el empleo, la industria agroalimentaria y el futuro del cultivo de remolacha en Castilla y León.
