En la cuarta reunión de la Comisión Negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentada por Azucarera, las secciones sindicales de la compañía han vuelto a manifestar su profundo malestar por la falta de avances significativos en el proceso y por la actitud de la Dirección.
Durante el encuentro, celebrado este martes, el asesor legal de la empresa reiteró su postura sobre la confidencialidad del proceso y advirtió sobre las consecuencias de su incumplimiento. Asimismo, mantuvo la negativa a entregar la mayoría de la documentación solicitada por la parte sindical, entre la que se incluye información financiera y contractual clave para evaluar la justificación del ERE. Solo se mostró dispuesto a proporcionar datos parciales sobre las inversiones previstas en la planta de Toro.
En lo relativo al mantenimiento de los puestos de enfermería, la empresa se ciñó estrictamente al contenido del convenio colectivo, desestimando cualquier compromiso adicional. Para los representantes sindicales, esta postura constituye una modificación unilateral de condiciones laborales que debe negociarse en el seno de los Comités de Empresa, y no utilizarse el contexto del ERE como vía para suprimir derechos adquiridos.
Respecto a las propuestas concretas sobre el procedimiento de despidos y recolocaciones, la empresa planteó:
- Recolocación de los 37 trabajadores fijos-discontinuos de la planta de Miranda, condicionada al cambio de contrato debido a la diferencia entre la campaña de remolacha y la de refino.
- Mejora del plan de recolocación a través de LHH hasta un 80%.
- Estudio de posibles vacantes en el grupo, aunque descartando la subrogación contractual.
- Fijación de los despidos para el 31 de agosto de 2025, con prórroga solo hasta el 31 de diciembre en casos excepcionales.
- Consideración de la voluntariedad si se da una permuta.
- Movilidad geográfica con compensaciones económicas:
- Gastos de mudanza hasta 3.000 euros contra factura.
- Dietas durante 6 meses a razón de 75 euros diarios.
- Indemnizaciones específicas por traslado, con hasta 15.000 euros para quienes se reubiquen en Miranda o Jerez desde La Bañeza.
- Indemnización general de 23 días por año trabajado, con un máximo de 15 mensualidades.
- Abono proporcional del premio de antigüedad y del seguro de vida.
Las secciones sindicales calificaron estas propuestas como “una tomadura de pelo”, denunciando una voluntad negociadora prácticamente inexistente por parte de la Dirección. Además, señalaron que tras 21 días de reuniones, los avances han sido mínimos y la empresa continúa sin proporcionar la información necesaria para valorar adecuadamente las causas alegadas del ERE, entre ellas el cierre de la fábrica de La Bañeza, que, a juicio de los sindicatos, se maquilla con el mantenimiento de una mínima actividad.
Desde los sindicatos se reiteró su propuesta de facilitar los traslados mediante incentivos reales y permitir la salida voluntaria de los trabajadores mayores de 58 años como vías para reducir el impacto del proceso.
En un tono crítico, también se cuestionó la seriedad del plan de viabilidad presentado por la empresa, compuesto únicamente por tres hojas, y que, según los representantes de los trabajadores, “no inspira ninguna confianza ni para los inversores ni para los empleados que continúen en la compañía”.
La sesión quedó aplazada hasta el próximo 23 de junio, con nuevas reuniones previstas los días 24 y 25 en Madrid.
