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Las familias del CRA Valle del Duerna denuncian el cambio “unilateral” del transporte escolar que enviaría a su alumnado a Astorga

Las familias del alumnado del CRA Valle del Duerna, con el respaldo actual de las corporaciones municipales de los ayuntamientos de Luyego y Castrillo de la Valduerna, han denunciado públicamente la decisión adoptada por la Dirección Provincial de Educación de modificar la asignación del transporte escolar de varios alumnos de la zona.

Según explican, la Dirección Provincial habría decidido, “de forma unilateral y sin ningún tipo de comunicación ni posibilidad de reclamación”, asignar el transporte gratuito del alumnado procedente de Priaranza de la Valduerna, Velilla de la Valduerna, Castrillo de la Valduerna y Destriana —localidades que hasta ahora estaban adscritas al CRA Valle del Duerna— al CEIP Blanco de Cela de Astorga.

En la actualidad, tres estudiantes de estas localidades —dos de Priaranza de la Valduerna y uno de Destriana— acuden al único centro que permanece abierto dentro del CRA, situado en Tabuyo del Monte. Las familias señalan que las distancias actuales son de aproximadamente 2,5 kilómetros en el caso de Priaranza y 9,5 kilómetros desde Destriana. Con el cambio propuesto, los desplazamientos pasarían a ser de 28,4 y 18,2 kilómetros respectivamente.

Las familias recuerdan que una situación similar ya se produjo al inicio del curso 2023-2024, cuando se incorporaron un alumno de tres años procedente de Priaranza y otro de diez años de Destriana, cuya aula había cerrado el curso anterior. Según denuncian, en aquel momento la Dirección Provincial intentó modificar también su adscripción hacia Astorga. Afirman además que se trató de convencer a la familia del menor de tres años —recién llegada de otro país— de que esa era su única opción educativa. Tras la oposición de las familias, finalmente se mantuvo la adscripción al CRA Valle del Duerna con transporte gratuito.

La controversia ha resurgido este año después de que la Dirección Provincial comunicara que el CRA pasaría a convertirse en CEIP, al contar ya con un único centro activo. Posteriormente, tras revisar publicaciones de la Consejería de Educación, las familias detectaron que el pasado 6 de marzo de 2026 se había publicado una modificación de las denominadas Unidades Territoriales de Admisión (UTA).

Según indican, ese cambio eliminaba a las localidades de Priaranza, Velilla, Castrillo y Destriana de la UTA del CRA Valle del Duerna sin que el centro educativo, los ayuntamientos ni las propias familias hubieran sido informados previamente. Durante esa revisión, también comprobaron que no se trata de un caso aislado, ya que una situación similar habría afectado al CRA de Alija del Infantado.

Las familias sostienen que esta medida “va en contra de la supervivencia de las escuelas rurales y del bienestar de la infancia en los pueblos”, y consideran que contradice lo establecido en la LOMLOE, cuyo artículo 82 recoge que las administraciones educativas deben garantizar una plaza escolar gratuita en el propio municipio o en su zona de escolarización, prestando además de forma gratuita los servicios de transporte y procurando minimizar el tiempo de desplazamiento del alumnado.

El mismo artículo también contempla la obligación de reforzar los recursos humanos y materiales de los centros educativos rurales, así como asegurar financiación suficiente para mantener la red de escuelas rurales, los servicios de transporte y comedor, y la conectividad digital.

Las familias recuerdan además que, durante la última década, aseguran haberse encontrado con diversas dificultades administrativas relacionadas con el centro: desde la negativa inicial a dividir al alumnado en dos aulas, hasta obstáculos para abrir una escuela infantil de 0 a 3 años o para implantar el servicio de comedor.

Pese a ello, aseguran que continuarán defendiendo la permanencia de la escuela en el medio rural y la igualdad de servicios educativos para sus hijos. “No pensamos callarnos ni parar hasta conseguir las mismas condiciones que el resto de niñas y niños de esta comunidad autónoma”, señalan.

Asimismo, no descartan recurrir a la vía judicial para intentar revertir la medida.

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