Benigno Pérez, presidente del Comité de Empresa de la planta de La Bañeza y secretario general de la Sección Sindical Estatal de Azucarera ha manifestado públicamente su oposición total al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción promovido por la empresa, al considerar que el procedimiento se basa en fundamentos falsos o manipulados y responde a una estrategia premeditada de desinformación y vulneración de derechos laborales.
Según el sindicato, las causas alegadas por la empresa no se ajustan a la realidad de los centros de trabajo afectados. Aseguran que los argumentos presentados están incompletos o distorsionados, y no reflejan la verdadera situación operativa de las plantas.
UGT denuncia también que la compañía estaría actuando de mala fe, justificando bajo el marco de un ERE lo que, en realidad, ha venido ejecutando encubiertamente desde abril de 2024, con el cierre progresivo de los laboratorios de pago por riqueza y los consiguientes despidos individuales del personal considerado excedente.
La organización sindical sostiene que estas medidas forman parte de un plan encubierto y prolongado en el tiempo, llevado a cabo con opacidad hacia los trabajadores, la representación social y las instituciones. Como ejemplo, citan el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor en el centro de La Bañeza, que según la UGT fue “fraudulento”.
Entre otras prácticas que consideran de dudosa legalidad, UGT denuncia el desplazamiento forzado de trabajadores entre centros de trabajo durante el proceso de consultas, lo cual distorsiona los censos y afecta a la transparencia del procedimiento.
Asimismo, alertan de una confusión deliberada entre el ERE y el cierre de centros de trabajo, acusando a la empresa de utilizar el marco legal del despido colectivo —regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores— para eludir las consecuencias de un cese real de actividad. En el caso concreto del centro de La Bañeza, denuncian que tras la aprobación del expediente, la empresa mantendría una actividad residual solo para dar la falsa impresión de que no se ha cerrado, cuando la actividad principal, la molturación de remolacha, desaparecería a corto o medio plazo.
En relación con la cuarta reunión de la comisión negociadora celebrada el 17 de junio, UGT-FICA ha presentado alegaciones al borrador del acta, denunciando la omisión de intervenciones relevantes. El sindicato reclama una mayor transparencia en la redacción de las actas, recordando que no han firmado ninguna desde septiembre de 2023 debido a la exclusión que sufren dentro del comité intercentros.
En su escrito, también critican el retraso en el envío del acta —recibida el viernes 20 de junio— sugiriendo que podría dificultar su revisión en profundidad al coincidir con el fin de semana. Además, subrayan que su portavoz y secretario general leyó en la reunión un texto preparado, del cual entregó copia para que fuera transcrito literalmente, negándose a aceptar que se registre simplemente como “documento aportado”.
UGT concluye reiterando su compromiso de participar en la negociación de buena fe, pero advierte que utilizarán todos los medios legales disponibles para tratar de anular este procedimiento, que consideran contrario a la normativa vigente.
