La Junta de Castilla y León ha declarado urgente la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ampliación del cementerio municipal de La Bañeza (León), según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publicado este lunes, 26 de enero.
El Ayuntamiento de La Bañeza inició un expediente de expropiación forzosa para ejecutar el proyecto de ampliación del camposanto, aprobado por el pleno municipal el 31 de octubre de 2025. El proyecto valora la expropiación de la parcela necesaria en 5.862,69 euros y concreta la relación de bienes y propietarios afectados.
Dicha relación fue sometida a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el tablón de anuncios electrónico municipal, además de concederse trámite de audiencia a los propietarios. Según consta en el expediente, se presentaron alegaciones, entre ellas una que cuestionaba la valoración económica por considerarla insuficiente. Esta fue desestimada por el Ayuntamiento al entender que la tasación se ajusta a los criterios establecidos por la normativa vigente.
La declaración de urgencia se justifica en la falta de sepulturas disponibles en el cementerio municipal. En los últimos años se ha priorizado la construcción de nichos sobre suelo, lo que ha generado una elevada demanda de fosas. Según los datos municipales, en 2024 se realizaron 107 inhumaciones y en 2025, 83, mientras que en la actualidad solo quedan ocho unidades de enterramiento disponibles entre nichos y fosas.
El proyecto prevé acondicionar una superficie de 2.750 metros cuadrados junto al actual cementerio, zona ya reservada en el planeamiento urbanístico. La ampliación permitirá habilitar un total de 186 sepulturas triples, de las que en una primera fase se ejecutarán 54, además de los trabajos de urbanización, accesos y cerramiento perimetral.
La Junta de Castilla y León, a propuesta del consejero de la Presidencia y tras acuerdo del Consejo de Gobierno del 22 de enero de 2026, ha autorizado al Ayuntamiento a anteponer la ocupación de los terrenos al justiprecio, conforme al procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses desde su publicación en el BOCyL.
