Ayer se celebró en las oficinas de la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo, en la localidad de Santa María del Páramo, una reunión conjunta de vocales y compromisarios de la Comunidad General de Regantes del Páramo Alto y de la Comunidad de Regantes del Páramo Medio. El encuentro tuvo como objetivo analizar e informar sobre los problemas que está afrontando la Comunidad General de Regantes del Páramo Bajo en relación con las tarifas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).
Las tres comunidades de regantes, entidades vecinas y con numerosos partícipes comunes, gestionan en conjunto cerca de 50.000 hectáreas de regadío modernizado en la zona del Páramo leonés, lo que otorga especial relevancia al conflicto planteado.
Tras estudiar en profundidad la repercusión de los gastos de energía y mantenimiento de la estación elevadora de Villalobar que la CHD pretende imputar a la Comunidad General del Páramo Bajo mediante cánones y tarifas, las comunidades del Páramo Alto y del Páramo Medio manifestaron su desacuerdo con esta postura. Ambas entidades expresaron su apoyo a las reivindicaciones que consideran “absolutamente legítimas” por parte de la Comunidad General de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora.
Asimismo, el Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna ha mostrado su respaldo a las comunidades de regantes del Páramo, tal y como quedó reflejado en la reunión celebrada por sus órganos de gobierno.
Desde las comunidades afectadas se considera incomprensible que la CHD pretenda modificar las condiciones acordadas inicialmente, transformando un asunto de carácter jurídico en una cuestión técnica y de gestión interna. Entre las soluciones planteadas por la Confederación se encuentran la construcción de una línea eléctrica, la implantación de un parque fotovoltaico o la creación de un denominado “túnel energético” o “túnel económico”.
Las comunidades de regantes cuestionan esta forma de proceder y la gestión realizada hasta ahora por la CHD, señalando que la solución más sencilla pasaría por reconocer la validez del conocido como “escrito de José María de la Guía”, documento que consideran clave para resolver el conflicto.
