La Junta de Castilla y León ha aprobado un paquete de actuaciones para la recuperación de los municipios dañados por las inundaciones registradas durante el pasado mes de febrero, tras una sucesión de borrascas de alto impacto que provocaron lluvias intensas, nevadas y fuertes rachas de viento en buena parte de la comunidad.
El aumento del caudal de numerosos ríos causó desbordamientos e importantes daños en viviendas, empresas, infraestructuras municipales, carreteras y espacios naturales. La magnitud de los efectos obligó a activar los planes autonómicos de protección civil, entre ellos el Plan Territorial de Protección Civil (PLANCAL) y el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCyL).
El acuerdo, adoptado en Consejo de Gobierno el 26 de febrero, contempla un conjunto de medidas extraordinarias dirigidas a personas, empresas y administraciones locales afectadas por la catástrofe. Entre las principales actuaciones se incluyen ayudas para la reparación de viviendas y edificios complementarios, la reposición de mobiliario y enseres básicos, así como subvenciones a los ayuntamientos para arreglar daños en edificios municipales, maquinaria y redes viarias.
También se prevén actuaciones urgentes en el ciclo integral del agua, como la reparación de sistemas de abastecimiento, potabilización y saneamiento, la ejecución de nuevos sondeos si fuera necesario y el suministro de agua mediante cisternas o embotellada en las zonas más afectadas.
En el ámbito económico, el plan contempla ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas para facilitar la reanudación de su actividad, así como medidas de apoyo a trabajadores y empresas que se hayan visto obligados a aplicar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Asimismo, se impulsarán programas de contratación de desempleados por parte de los ayuntamientos para labores de recuperación y asistencia a la población.
Las ayudas se concederán de forma subsidiaria a las indemnizaciones procedentes de seguros y a las que puedan corresponder por parte de la Administración General del Estado. Además, los expedientes se tramitarán por el procedimiento de urgencia y, en el caso de las contrataciones públicas necesarias, mediante el régimen de emergencia previsto en la legislación vigente.
El acuerdo autoriza a las distintas consejerías implicadas a dictar las disposiciones necesarias para su ejecución y prevé la colaboración de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL).
