Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, han acordado en unidad de acción la convocatoria de nuevas movilizaciones conjuntas ante el “hundimiento” de la rentabilidad del sector agrario, una situación que, aseguran, está provocando pérdidas generalizadas en numerosos subsectores, especialmente en el cereal y el resto de cultivos herbáceos. La primera de las protestas será una manifestación que se celebrará el próximo 20 de mayo en Valladolid.
Las organizaciones agrarias advierten de que el campo atraviesa un momento especialmente delicado, agravado por los conflictos bélicos abiertos en Oriente Medio y entre Rusia y Ucrania. Según denuncian, mientras las cotizaciones de los productos agrarios continúan sin recuperarse, los costes de producción siguen disparados, con incrementos récord en insumos como el gasóleo agrícola y los fertilizantes.
El sector lácteo, que hasta ahora mantenía una situación “coyunturalmente más equilibrada”, también se ha visto afectado por una caída de precios. Las organizaciones explican que la industria compradora ha impuesto contratos de apenas tres meses con una reducción del 14% en el precio de la leche, una situación que, aseguran, está frenando inversiones, acelerando el cierre de explotaciones y reduciendo la producción por la disminución de los censos ganaderos.
A ello se suman, indican, las pérdidas derivadas de enfermedades animales cuyo control “no está en manos del sector”, así como la “desconfianza permanente” que existe ante la posible entrada en vigor de acuerdos internacionales como Mercosur y otros tratados comerciales en negociación.
En este contexto de “desánimo” y de sentirse “desamparados” por parte de la Unión Europea, el Gobierno central y la Junta de Castilla y León, las organizaciones convocantes han decidido intensificar las protestas. “La manifestación del 20 de mayo en Valladolid será solo el inicio y con seguridad irá seguida de nuevas medidas reivindicativas”, señalaron.
Las organizaciones agrarias reclaman la adopción de medidas políticas, fiscales y arancelarias que permitan reducir el coste de los insumos y elevar los precios de los productos agrarios hasta, al menos, cubrir los costes de producción, tal y como establece la Ley de la Cadena Alimentaria.
Además, exigen nuevas ayudas económicas “más allá de las ya aprobadas”. En este sentido, critican que las ayudas impulsadas por el Estado “nacieron escasas y ahora se han quedado todavía más cortas”, mientras que, según denuncian, ni la Unión Europea ni la Junta de Castilla y León “se han acordado de los agricultores y ganaderos”.
El sector reclama también la aplicación de los mínimos contemplados en el Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio (METSAF), aprobado el pasado 29 de abril por la Comisión Europea, que permite compensar hasta el 75% del sobrecoste asumido por agricultores y ganaderos en fertilizantes y carburantes hasta final de año.
