La formación Unión del Pueblo Leonés (UPL) en La Bañeza ha reunido a su comité local para valorar la reciente resolución del Procurador del Común (Exp. 1437/2025), en la que se insta al alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, a regular el uso de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y a dejar sin efecto el bloqueo aplicado a ciudadanos en perfiles institucionales como Facebook.
Desde UPL recuerdan que esta situación no es nueva. «Ya en mayo de 2025, la formación leonesista denunció públicamente que el equipo de gobierno, formado por PP y Vox, utilizaba las redes sociales institucionales como herramienta de censura para silenciar críticas de vecinos sobre cuestiones sensibles, como la falta de pediatría en el municipio o la subida de los sueldos públicos».
La resolución del Procurador del Común es interpretada por UPL como una confirmación de un comportamiento que califican de “autoritario y arbitrario” por parte del regidor. Según el documento, el Ayuntamiento habría procedido al bloqueo de vecinos sin contar con una normativa aprobada en Pleno que regule el uso de dichas cuentas.
En este contexto, el concejal de UPL, Roberto Carracedo, ha señalado que “gobernar sin reglamentación es hacerlo a base de caprichos”, añadiendo que el alcalde estaría confundiendo la gestión institucional con la administración de un perfil personal. En su opinión, la ausencia de reglas habría permitido al equipo de gobierno decidir de forma unilateral quién puede participar en el espacio público digital y quién es silenciado.
Para la formación leonesista, este episodio se suma a otros comportamientos que consideran alejados del respeto democrático. UPL vincula este “bloqueo digital” con incidentes recientes, como presuntas presiones durante las elecciones autonómicas celebradas el pasado domingo, en las que, según denuncian, el alcalde habría solicitado mesa a mesa la expulsión de apoderados de UPL y de otras formaciones durante el recuento de votos, una actuación que consideran fuera de lugar y contraria a las indicaciones de la Junta Electoral de Zona.
Desde el comité local subrayan que “La Bañeza no es el cortijo de nadie” y recuerdan que el cargo de alcalde implica responsabilidad ante toda la ciudadanía, independientemente del sentido del voto. En este sentido, sostienen que silenciar a vecinos que critican la gestión municipal supone, a su juicio, una falta de respeto y una posible vulneración de derechos fundamentales.
De cara al próximo Pleno municipal, UPL ha anunciado que llevará este asunto para exigir dos medidas principales: la elaboración y aprobación inmediata de una normativa clara y transparente que regule el uso de las cuentas oficiales del Ayuntamiento, garantizando la libertad de expresión en los canales institucionales; y el desbloqueo inmediato de todos los vecinos que hayan sido restringidos por emitir críticas a la gestión municipal.
Roberto Carracedo ha concluido que “la casa de todos no puede tener la puerta cerrada para los bañezanos”, lamentando que, en lugar de centrarse en la gestión de la ciudad, el equipo de gobierno dedique esfuerzos a conflictos internos y a la censura de la ciudadanía.
La Procuraduría del Común ha emitido una resolución en relación con el uso de los perfiles institucionales en redes sociales por parte del Ayuntamiento de La Bañeza, en la que analiza tanto la actuación municipal como las medidas adoptadas respecto a determinados usuarios.
Según consta en el informe remitido por la Alcaldía con fecha 25 de agosto de 2025, el equipo de gobierno manifiesta su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en los asuntos públicos. No obstante, el Ayuntamiento sostiene que algunos vecinos han utilizado estos canales para dirigir expresiones ofensivas o injuriosas contra el alcalde, superando —a su juicio— los límites propios del debate democrático.
El Consistorio también argumenta que los problemas derivados del uso inadecuado de las redes sociales no afectan exclusivamente a este municipio, sino que son comunes a otras administraciones locales. En este sentido, apela a la colaboración institucional para frenar este tipo de conductas, subrayando además las dificultades que tienen los ayuntamientos para recurrir a la vía judicial.
En su informe, el Ayuntamiento señala que determinados usuarios fueron bloqueados tras realizar de forma reiterada insultos, calumnias, injurias e incitaciones al odio, llegando a considerar que tales comportamientos podrían incluso comprometer la integridad física de miembros del equipo de gobierno y afectar al normal desarrollo de sus funciones, así como a la paz social del municipio.
Frente a esta posición, el Procurador del Común considera razonable que el Ayuntamiento establezca una regulación específica sobre el uso de sus perfiles institucionales en redes sociales. En su resolución, recomienda que se definan claramente las condiciones de uso, así como las responsabilidades en las que pueden incurrir los usuarios que incumplan las normas, incluyendo un procedimiento que regule las posibles consecuencias de dichos incumplimientos.
La institución también advierte que los usuarios del perfil municipal en Facebook no disponían de normas previas que regularan su comportamiento ni de información sobre los límites aplicables. Asimismo, sugiere que el Consistorio reevalúe la decisión de bloquear a los usuarios, en base a los argumentos expuestos en la resolución.
