El Ayuntamiento de La Bañeza celebró este miércoles un pleno ordinario en el que se abordaron varios asuntos de gestión municipal, junto a distintas mociones presentadas por los grupos políticos. La sesión estuvo marcada, además, por las referencias a la agresión ocurrida el pasado fin de semana en la ciudad.
Antes de iniciar el pleno, el alcalde, Javier Carrera, condenó cualquier tipo de violencia y subrayó que La Bañeza es una ciudad “en la que todas las personas tienen cabida y pueden convivir”. El regidor lamentó que los recientes sucesos hayan empañado la actividad cultural y social desarrollada en los últimos días, como la Urban Race, actividades teatrales o la feria de stocks, y recordó que los hechos están siendo investigados.
En la parte resolutiva, se aprobaron por unanimidad las actas de los plenos anteriores celebrados el 29 de enero y el 5 de marzo. El tercer punto, relativo al expediente de contratación del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales, centró el principal debate.
Desde UPL, Roberto Carracedo defendió la conveniencia de que el servicio vuelva a ser gestionado directamente por el Ayuntamiento, con integración fija de los trabajadores y mayor transparencia en los costes. En la misma línea, José Javier Morla (Ciudadanos) consideró que el contrato, que ronda los 500.000 euros anuales, podría resultar más eficiente si se municipalizara, eliminando gastos como el IVA o costes indirectos, aunque reconoció que implicaría una inversión inicial. “Defender una gestión más eficiente no es ir en contra de la ciudad, sino hacer que avance más y mejor”, afirmó.
Por su parte, Laura Gallego (VOX) valoró que se hayan analizado las distintas opciones y advirtió de posibles perjuicios en la municipalización, citando el caso de Astorga. Rodolfo Sánchez (PSOE) señaló que su grupo no se opondría a garantizar un servicio básico, aunque insistió en que la municipalización sería una vía más rentable para la ciudadanía. Pedro Montiel (PP) argumentó que un ayuntamiento del tamaño de La Bañeza no dispone de medios suficientes para asumir contingencias como bajas laborales, destacando que una gran empresa puede garantizar la continuidad del servicio.
El alcalde, Javier Carrera, apuntó que la experiencia de Astorga demuestra la complejidad de este modelo y explicó que se ha optado nuevamente por la licitación externa. Finalmente, el expediente fue aprobado con 9 votos a favor (PP y VOX) y 7 abstenciones (PSOE, UPL y Ciudadanos).
En el apartado de mociones, se debatió una iniciativa de VOX para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación del rostro (NIQAB, BURKA u otras dependencias equivalentes). Laura Gallego defendió que la identificación visual es necesaria para garantizar la seguridad y la correcta prestación de servicios públicos, proponiendo una regulación aplicable a cualquier prenda que impida dicha identificación.
Desde UPL, Carracedo expresó dudas sobre la competencia municipal para legislar en esta materia, citando pronunciamientos del Tribunal Supremo, mientras que Morla (Ciudadanos) cuestionó la existencia de casos reales en el municipio y advirtió del carácter político de la propuesta, defendiendo que debería abordarse a nivel estatal. El PSOE, a través de Rodolfo Sánchez, rechazó la moción por considerar que no responde a una demanda social y carece de cobertura legal, calificándola de generadora de “controversia y problemas de convivencia”.
El PP introdujo una enmienda vinculada a una proposición de ley orgánica a nivel estatal sobre el uso de estas prendas. Montiel defendió la necesidad de establecer normas básicas de convivencia y aseguró que se han producido situaciones similares en el Ayuntamiento. La moción, con la enmienda incorporada, fue aprobada con 9 votos a favor (PP y VOX) y 7 abstenciones (PSOE, UPL y Ciudadanos).
Asimismo, se abordó la urgencia de dos mociones presentadas por UPL. Roberto Carracedo defendió la inclusión de ambas en el orden del día. En relación con la primera, sobre la agresión del pasado sábado, relató que una mujer trans fue atacada gravemente y apeló a la necesidad de que el Ayuntamiento condene los hechos para no dañar la imagen de la ciudad y evitar que se normalicen este tipo de situaciones. Durante su intervención, recordó experiencias personales de violencia sufrida en su juventud por su orientación sexual, señalando que estos episodios generan “impotencia” y que la ciudad debe posicionarse con claridad. También insistió en que, a su juicio, se trata de una agresión con componente transfóbico y defendió que “poner nombre a las cosas” es fundamental.
En cuanto a la segunda moción, Carracedo denunció el uso de las redes sociales municipales, concretamente Facebook, señalando que el Procurador del Común habría analizado la práctica del Ayuntamiento y que él mismo se encuentra bloqueado en dicha plataforma pese a ser representante público. Consideró necesario garantizar un uso institucional adecuado, abierto y transparente de estos canales de comunicación.
La moción sobre redes sociales no superó el trámite de urgencia, mientras que la relativa a la agresión sí fue debatida.
En este punto, Carracedo reiteró que “las palizas no vienen con aviso” y advirtió de que estos hechos no son aislados, sino que pueden estar relacionados con discursos de odio, defendiendo que La Bañeza debe ser “un municipio seguro para todas las personas” e instando a que la agresión no quede impune.
Morla expresó su condena a la agresión, aunque abogó por la prudencia mientras continúe la investigación. Desde VOX, Laura Gallego rechazó calificar el suceso como transfóbico y sostuvo que todas las agresiones deben condenarse por igual, sin distinciones.
El PSOE defendió que las personas del colectivo LGTBI requieren especial protección por su vulnerabilidad, mientras que el PP insistió en la necesidad de actuar con prudencia hasta conocer los resultados de la investigación. Finalmente, la moción fue aprobada con 6 votos a favor (PSOE y UPL), 2 en contra (VOX) y 8 abstenciones (PP y Ciudadanos).
Durante el turno de ruegos y preguntas, los grupos municipales plantearon diversas cuestiones relacionadas con infraestructuras, servicios y mantenimiento urbano, como la instalación de una valla de seguridad en la plaza del Carnaval, la situación de la protectora de animales, el estado del mercado de abastos o la mejora de pavimentos y servicios de recogida de residuos.
