El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha dado la razón al Ayuntamiento de La Bañeza en el conflicto judicial sobre las retribuciones del alcalde y los concejales del equipo de gobierno, aprobadas en el Pleno municipal del 8 de noviembre de 2024.
La sentencia rechaza todas las reclamaciones presentadas por los concejales recurrentes, confirma que los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento son legales y les condena al pago de las costas judiciales.
Con esta resolución, el juzgado respalda la actuación municipal y considera que las retribuciones se aprobaron siguiendo el procedimiento adecuado y respetando los límites establecidos por la ley.
El juzgado también considera que las cantidades acordadas estaban suficientemente justificadas. Para ello, tuvo en cuenta tanto la reorganización del equipo de gobierno como la actualización de las retribuciones aprobadas en 2019 por la anterior Corporación, adaptándolas a la subida del índice de precios de consumo (IPC).
La resolución judicial señala que el Pleno del 8 de noviembre de 2024 se desarrolló sin irregularidades que invalidaran los acuerdos adoptados. Según recoge la sentencia, el expediente municipal estaba completo y contaba con los informes favorables de Secretaría e Intervención, así como con el dictamen de la comisión informativa correspondiente.
Además, el juzgado considera que el acuerdo aprobado en noviembre de 2024 sirvió para corregir cuestiones formales del acuerdo anterior, adoptado en julio de 2023, y descarta que se actuara de forma contraria a la ley.
Otro de los puntos discutidos durante el procedimiento fue si el Ayuntamiento disponía de presupuesto suficiente para pagar las retribuciones. Sobre esta cuestión, el juzgado considera que quedó acreditada la existencia de fondos suficientes tanto en 2024, cuando se aprobaron los acuerdos, como en los ejercicios posteriores.
La sentencia también confirma que el Pleno y la Alcaldía actuaron dentro de las competencias que corresponden a cada órgano municipal.
Por otra parte, avala que las nuevas retribuciones se aplicaran desde el 1 de noviembre de 2024, ocho días antes de la celebración del Pleno, únicamente a los cargos que ya tenían dedicación o ejercían funciones delegadas.
El equipo de gobierno considera que esta resolución judicial aclara las dudas planteadas durante los últimos dos años sobre las retribuciones municipales y confirma que los acuerdos adoptados se ajustaron a la legalidad.
Asimismo, destaca que el juzgado ha rechazado todas las reclamaciones presentadas y ha impuesto las costas judiciales a los concejales que recurrieron los acuerdos.
El Ayuntamiento subraya que la resolución recoge una argumentación jurídica amplia y fundamentada que respalda la legalidad de las decisiones adoptadas.
