El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial a ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes contra el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, que modificó las condiciones de la concesión de la autopista León-Campomanes (AP-66).
La Junta de Castilla y León considera que esta modificación introdujo cambios sustanciales en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato, dando lugar, en la práctica, a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario.
El acuerdo permitirá instar la revisión de oficio del citado Real decreto, como paso previo a la vía judicial, con el objetivo de conseguir la supresión definitiva del peaje, cuya vigencia hasta 2050 supone una barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad.
