El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto que regula las dietas y gratificaciones que percibirá el personal que participe en la organización de las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo de 2026 y fija en 76,41 euros la compensación para los miembros de las mesas electorales.
La norma establece el régimen de compensaciones para los distintos colectivos que intervienen en el proceso electoral y desempeñan funciones que no forman parte de su retribución ordinaria, como los miembros de las juntas electorales, el personal colaborador, los representantes de la Administración y los empleados de los ayuntamientos implicados en los comicios.
Las cuantías incorporan la actualización de las compensaciones conforme a los incrementos retributivos aprobados desde las últimas elecciones autonómicas, y el decreto garantiza también la cobertura de los riesgos derivados del desempeño de las funciones electorales.
El proceso electoral se celebrará sin concurrencia con otros comicios, y la aprobación de este decreto supone un avance en la organización administrativa de las elecciones autonómicas de 2026, ha señalado la Junta, que publicará la norma la próxima semana en el Boletín Oficial de Castilla y León.
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LAS MESAS
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado también el manual de instrucciones para las personas que integrarán las mesas electorales en los comicios autonómicos de 2026, con el fin de facilitar la correcta organización y desarrollo de las elecciones a las Cortes de Castilla y León.
El manual, supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por la Junta, ofrece una guía práctica y detallada para el desempeño de las funciones de presidencia y vocalías durante toda la jornada electoral, desde la constitución de la mesa por la mañana hasta la finalización del escrutinio y la entrega de la documentación.
Así, el texto recoge instrucciones sobre la comprobación del material, la identificación de los votantes, el cierre de los colegios, el recuento de votos y la correcta cumplimentación de las actas oficiales, además de normas sobre orden público y la gestión de interventores y apoderados.
